Comunicado de Prensa
SE PIDIO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA QUE RESTABLEZCA LA PLENA VIGENCIA DE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
Más de 20 instituciones, entre las cuales se encuentran universidades nacionales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, elaboraron un documento jurídico que sostiene la necesidad de respetar el resultado del debate democrático que permitió la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y demanda su plena vigencia. El escrito fue presentado el miércoles 9 de junio de 2010, en calidad de amicus curiae, ante la Corte Suprema en el marco de un proceso judicial que se inició a fines de 2009, impulsado por el diputado nacional Enrique Thomas. En este proceso, la jueza federal Olga Pura de Arrabal y luego la Cámara Federal de Mendoza hicieron lugar a la medida cautelar solicitada por el diputado y suspendieron la aplicación de la ley. Merced al recurso interpuesto por el Estado nacional, el caso fue admitido por la Corte el 19 de mayo. El miércoles pasado, el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, dictaminó que debía revocarse la medida cautelar.
Los argumentos presentados por las organizaciones hacen hincapié en la afectación de derechos que la suspensión de la ley impone a distintos grupos de personas que no participaron del proceso iniciado por Thomas y que se encuentran particularmente protegidos por la nueva ley. Las universidades nacionales, las cooperativas, los trabajadores de la comunicación, los actores, los músicos independientes, los pueblos originarios y las personas con discapacidad, son algunos de esos grupos que ven restringido su derecho al trabajo, a la libertad expresión y al acceso y la participación en el debate público a través de los medios a partir de la suspensión de la ley.
En tal sentido, los firmantes cuestionaron la capacidad de Thomas de adjudicarse la representación de todos los “consumidores de medios audiovisuales” del país, sin justificar de ningún modo esa aseveración y dejando de lado a los grupos mencionados, a los cuales, no sólo no representa, sino que además les produce un daño concreto con su acción judicial.
Por último, el escrito afirma que “en el proceso de discusión y aprobación de la ley 26.522, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, existió un debate democrático a través de diversas vías, como las audiencias públicas, los distintos proyectos de ley, los dictámenes de mayorías y minorías, entre otras” y recuerda que el texto discutido en el Congreso sumó un inédito proceso de consulta pública que incluyó la realización de una veintena de foros en distintas ciudades del país y permitió la incorporación de más de 200 aportes de la sociedad civil al texto original. Por esta razón los firmantes entendieron que la decisión de la Cámara Federal de Mendoza “resolvió bloquear” el curso de ese proceso democrático y participativo.
Las organizaciones recurrieron a la figura de amicus curiae —“amigos del tribunal”—, la cual permite a terceras personas participar de una disputa judicial cuando acrediten un interés legítimo en el resultado del litigio.
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Se adjunta el Amicus Curiae presentado el miércoles 9 de junio de 2010 a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, rubricado por:
Gastón Chillier, Director ejecutivo Centro de Estudios Legales y Sociales
Sergio Caletti, Decano Facultad de Ciencias Sociales de la UBA
Florencia Saintout, Decano Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP
Martín Becerra, Director Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nac. de Quilmes
Víctor Abramovich, Director Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús
Santiago Diego Aragón, Decano Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ
José Insaurralde, Secretario General Adjunto FATPREN
Horacio Arreceygor, Secretario General COSITMECOS
Hugo Medina, Secretario General Adjunto SATSAID
Paula Castello, Secretaria Asociación Mundial de Radios Comunitarias (América Latina y el Caribe)
Juan Antonio Palacios, Secretario General AATRAC
Osvaldo Sorrentino, Secretario General Adjunto SUP
Sergio Zóttola, Secretario General SICA
Miguel Angel Paniagua, Secretario General SUTEP
José Enrique Pérez Nella, Presidente de la SAL
Ricardo Daniel Vernazza, Secretario General SADEM
Omar Logiudice, Secretario General Adjunto SIVENDIA
Edgardo Néstor Carmona, Secretario General Sindicato de Prensa Rosario
Mario Farías, Vicepresidente Foro Argentino de Radios Comunitarias
Osvaldo Guillermo Francés, Presidente ARBIA
Humberto Cristian Aldana, Presidente UMI
Jorge Cajaraville, Presidente Asoc. Civil Centro Nueva Tierra
Comisión de Comunicación ad hoc
Coalición CRD
