La Coalición por una radiodifusión democrática, integrada por representantes de organizaciones sindicales de los trabajadores, sus centrales obreras, de los movimientos sociales, de Derechos Humanos, de emisoras y claustros universitarios, del movimiento cooperativista, de radios y canales comunitarios y pequeñas pymes, de los Pueblos Originarios, ciudadanas y ciudadanos en general, ha transitado un largo camino con un claro objetivo: La Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia.
Desde las plazas de todo el país, la Plaza de Mayo, del Congreso a Tribunales, las más de 300 organizaciones que integran este espacio multisectorial y plural, que redactara los 21 puntos, columna vertebral de la Ley 26522, nos movilizamos el 15 de abril para exigir que la Justicia “Libere la Palabra” y permitan la pluralidad de voces, la democratización de la “Comunicación Audiovisual” en la República Argentina, en definitiva que posibiliten que en nuestro país el Derecho Humano a la Comunicación sea un derecho de práctica efectiva.
Reclamamos por la inmediata aplicación de la Ley 26.522 de la democracia, que nos llevó 26 años conseguir.
Desde el año 1983, la mayoría de los partidos políticos llevaron en su plataforma el mandato de derogar el decreto - ley 22285 de radiodifusión de la dictadura. Recordemos también, que más de 73 iniciativas legislativas se presentaron en el Congreso de la Nación y que debido a la presión de los grupos monopólicos ninguna llegó siquiera a debatirse en el recinto.
Ante esta realidad más de 300 organizaciones se nuclearon en el año 2004 en la “Coalición por una Radiodifusión Democrática” y elaboraron los “21 Puntos Básicos para una Ley de Radiodifusión de la Democracia”. Este núcleo de coincidencias básicas fue tomado por la Presidenta de los argentinos para elaborar el anteproyecto de ley que presento en el teatro Argentino de La Plata el 18 de marzo de 2009.
El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se enriqueció con un amplísimo debate de la sociedad implementado mediante mecanismos de consulta pública, a través de Foros Regionales, coordinados con Universidades Nacionales, organizaciones de la sociedad, cámaras empresarias, sindicatos, asociaciones de radiodifusores y público en general.
El proceso de consulta pública incluyó una apertura sin precedentes, que abarcó también la recepción de aportes y documentos por vía electrónica o soporte digital, y la realización de más de 45 encuentros y actividades sobre el proyecto realizadas por distintas organizaciones sociales y universidades en todo el país.
El Relator Especial de Naciones Unidas Sobre el Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank R. La Rue, consideró de manera muy positiva, esta consulta pública y felicitó “… el proceso seguido para la elaboración de esta propuesta de Ley, pues pudo verificar personalmente en la Argentina, que la misma surge del documento de principios propuesto por organizaciones de la Sociedad Civil, y posteriormente fue sometida a consulta popular en todas las regiones del país. Esto también constituye un gran precedente en materia de propuestas legislativas que estoy seguro el Congreso de la República sabrá valorar” dijo La Rue.
En síntesis, el proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación fue escrito por el Pueblo mismo.
Para garantizar una mayor contribución popular y participación de los Diputados Nacionales, la Comisión de Comunicaciones e Informática llamó a “Audiencia Pública”. Durante cuatro jornadas de ocho horas cada una; se inscribieron más de doscientos ponentes que realizaron importantes aportes que enriquecieron la letra y el espíritu del proyecto de ley; todo el que quiso presentarse pudo hacerlo libremente.
El día 16 de septiembre de 2009 se realizó la sesión “Especial” de la Cámara de Diputados de la Nación, para tratar el “Orden del Día” número 2005, el Dictamen de Mayoría y 4 (cuatro) Dictámenes de Minoría; cuyos autores son: a) Arturo M. Heredia. – Graciela Camaño.– María C. Cremer de Busti. – Irma A. García. – Marcelo E. López Arias. – Jorge L. Montoya; b) Silvana M. Giudici. – Gustavo Cusinato- – Miguel A. Giubergia. – Heriberto A. Martínez Oddone; c) Miguel A. Bonasso; d) José R. Brillo
La votación del dictamen de mayoría – con los aportes incorporados en el recinto – obtuvo una mayoría contundente: 147 votos a favor y 4 en contra.
En la Cámara Revisora, también se implementó un sistema de consultas a expertos y representantes de organizaciones, a la asistieron integrantes de todos los bloques políticos. Así se llegó al día 9 de octubre donde la sanción de diputados llegó al recinto. Con la presencia de todos los bloques político se votó, en la madrugada del 10 de octubre, obteniéndose 44 votos a favor y 24 en contra.
Como se puede apreciar ninguna ley fue tan estudiada, analizada, discutida como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; ninguna tuvo tanta participación popular en su elaboración. Intervinieron, cumpliendo el mandato constitucional, ambas cámaras: la de Diputados como cámara de origen y Senadores como revisora y en ésta última participaron y votaron todos los bloques políticos validando de esta forma todo el proceso político.
Por todo lo expuesto, solicitamos a la Justicia que se expida devolviendo ahora mismo al pueblo argentino, el derecho humano a la comunicación.
Buenos Aires, Mayo 3 de 2010
“Día de la Libertad de Expresión”
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